La Comisión Europea actual, presidida por Ursula van der Leyen , tiene una hoja de ruta clara: dotar a la UE de una economía sostenible. Esta se concreta, conceptualmente, entorno al Pacto Verde Europeo y, en particular, dos estrategias, “De la Granja a la mesa” y “Biodiversidad”.

Todos los fondos comunitarios, los tradicionales (su presupuesto que alimenta, entre otros, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el de desarrollo regional y los fondos de cohesión), los nuevos como El Fondo de Transición Justa y los fondos excepcionales movilizados a raíz de la pandemia del Covid,, todos deben estar al servicio de este objetivo.

Gracias a las movilizaciones de gran parte de su sociedad civil, y la consiguiente actuación de responsables políticos en los distintos niveles de nuestras administraciones, el tema de la despoblación se ha incorporado con fuerza al debate político europeo. Además, ya no solo se habla de los territorios vacíos del norte de Europa sino también de la Laponia del Sur, la España vaciada.

La despoblación según Bruselas: 3 cambios fundamentales

Distintos cambios vienen a confirmar esta afirmación. El primero es la creación de un nuevo objetivo 5 para el Fondo Europeo de desarrollo regional, el FEDER, con el título de “Una Europa más cercana a los ciudadanos”, que promoverá entre otros “el desarrollo sostenible e integrado de zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales”.

El segundo es una nueva definición, más fina, de los ámbitos de ámbitos de actuación de los fondos europeos. Ya no se centran como referencia en la Comunidad Autónoma sino que desciende a las provincias e, incluso, a los municipios o agrupaciones de municipios ampliada de despoblación.

El tercero, y no menos importante, es una nueva definición más amplia, de la despoblación. Ahora, incluye territorios que tienen una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, además de las áreas que han sufrido un descenso demográfico de al menos un 1% anual durante el período 2007-2017.

La España rural ya tiene existencia legal y presencia en las Instituciones comunitarias. Tres de las condiciones necesarias para que los años que vienen marquen una diferencia están reunidas: hay presión y consciencia social; los fondos están disponibles, hay instrumento presupuestario y también hay instrumento jurídico, el reconocimiento del hecho diferencial de la Serranía Celtibérica.

Queda una condición más para que lo posible, lo necesario sea realidad: las administraciones españolas deben tomar cartas en el asunto de una manera coordinada, entre distintos Ministerios del Estado; entre distintas Consejerías de la región; entre las Diputaciones y los municipios y entre todos estos niveles administrativos entre ellos.

Esto no es una quimera, forma parte de la utopía posible y necesaria. El camino lo allanó la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada en el 2007 por unanimidad en las Cortes españolas y delicadamente adormecida desde entonces. Con todos sus defectos, marcó un camino de acción integral y, potencialmente, coordinada y articulada entre las distintas administraciones que conviene recuperar.

¡Qué la necesaria actualización, flexibilización y modernización no sea pretexto de volver a encerrarla en el baúl de los recuerdos!.